El desencuentro entre el Ayuntamiento de Iruñea y las peñas sanfermineras nunca había llegado a estos extremos. Ayer, en rueda de prensa, un centenar de socios reclamaron unas fiestas «abiertas a la ciudadanía», denunciaron la persecución a sus representantes y el chantaje al que se les ha sometido, al condicionar su subvención a que no emitan ningún tipo de reivindicación política.
El ambiente se había ido caldeando durante los últimos años. El portavoz, David Castillo, afirmó que «llevamos dos años en las mesas sobre los sanfermines y en las del encierro, pero es el equipo de gobierno quien decide qué colectivos se sientan. Y no están todos. Al final, el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura y Turismo toman todas las decisiones, cuando los sanfermines son patrimonio del pueblo y es el pueblo quien debe elaborar el programa». En cuanto al encierro, Castillo considera que «se ha convertido en un reality para su potenciación turística. Se le ha hecho un flaco favor y se ha acabado con su espíritu de corredores anónimos». Frente a ello, el representante de la Federación recordó que los principales actos de las fiestas (como el Riau-riau o la vestimenta blanca y roja) han nacido de iniciativas populares.
Los actos de los últimos meses han sido los detonantes de la protesta: denuncias a varias peñas en las fiestas de los barrios y en San Fermín Txikito, la negativa reiterada del Ayuntamiento a entregar un espacio a la plataforma Gora Iruñea! («mientras se ceden más lugares a empresas y aparecen nuevos espacios esponsorizados»), y la imputación de dos presidentes de peñas y dos dibujantes por las pancartas del año pasado.
El presidente de la Federación, Endika Lacuey, recordó que las propias peñas y el carácter popular de las fiestas «han sido perseguidas a lo largo de la historia», y animó a que la gente «tome las calles y recupere la espontaneidad de las fiestas».
Por su parte, las asambleas de las peñas han decidido que todas sus pancartas lleven este año el fondo negro, y sólo habrá cuatro lemas: «No más ataques a las peñas», «Queremos unos sanfermines populares», «Libertad de expresión» y «Por unos sanfermines participativos».
Todos ellos aparecen escritos en euskara, castellano, inglés y francés, en busca de una mayor repercusión.
Lacuey anunció oficialmente que el domingo 11 de julio -en la corrida que habitualmente atrae a más visitantes- no acudirán a sus lugares reservados en la Plaza de Toros. En lugar de ello, saldrán con las txarangas y marcharán en kalejira hasta el Ayuntamiento.
La pérdida de ayudas no es suficiente mordaza
«La reivindicación en las pancartas ha existido siempre, ahora y durante el franquismo», afirmó Endika Lacuey. El presidente de la Federación de Peñas respondió así a la amenaza, por parte del Ayuntamiento de Iruñea, de retirar la subvención a cualquiera de estas asociaciones que realicen actividades «que incluyan, bien originariamente o sobrevenidamente, actos de carácter político o reivindicativo». El texto es ambiguo y discrecional. Dispone que el Ayuntamiento se guardará la posibilidad de retirar la ayuda si lo considera oportuno. Por su parte, la Federación presentó ayer un dossier que recoge sus cuentas. Esta plataforma aúna a 16 asociaciones que suman más de 5.000 miembros (sin contar a los txikis) y recibe del Ayuntamiento de Iruñea una subvención que asciende a 120.000 euros anuales. No obstante, las peñas valoran que su aportación en actividades asciende a 1.172.280 euros. El desencadenante de esta medida de censura se originó después de que el Consistorio de Iruñea denunciara a dos peñas (Armonía Txantreana y San Fermín) por mencionar en sus pancartas a presos. Sus presidentes y los dibujantes están imputados. A.I.